Cuando sucedió la terrible explosión en el edificio de calle Salta 2141, parecía que este evento iba a marcar un antes y un después en materia de seguridad edilicia en la ciudad de Rosario.
No se habían terminado de remover los escombros de esa tragedia, cuándo desde diferentes bloques del Concejo Municipal se pusieron en contacto con profesionales de la Carrera de Higiene y Seguridad de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, a efectos de requerir colaboración en el diseño de normativa que pudiera asegurar a los vecinos de edificios de propiedad horizontal mejores condiciones de seguridad.
Luego de esas conversaciones extraoficiales, la convocatoria se hizo a nivel institucional, a través de una reunión de la Comisión de Planeamiento, donde participaron otras facultades y colegios profesionales. La conclusión de ese día fue que el camino para permitir mejores condiciones de seguridad edilicia partía del diseño de un sistema de control, con requisitos más estrictos, que debían incluirse en el Reglamento Municipal. Por cierto, ese encuentro sirvió para que más de un concejal mediático quisiera salir al ruedo con algún copia-pega de normativa diseñada para otras realidades e incluso para ordenamientos legales diferentes a los que proponía el Código Civil de entonces.
Lo cierto es que en los ocho años que han transcurrido desde aquel episodio, el único cambio sustancial ha sido el del endurecimiento de los controles e inspecciones de la empresa prestadora del servicio de gas natural sobre las instalaciones de los usuarios y los trámites de instaladores. Nada respecto a su propia red, que continua sin llaves de corte lo que obliga que ante emergencias que obviamente siguen ocurriendo- las cuadrillas deban recurrir al cateo para encontrar las cañerías a las que estrangulan a mazazos.
Los cambios reglamentarios continúan tan retrasados como el memorial que se iba a erigir en el lugar de la explosión. Al igual que este, estamos frente a un baldío.
Y calle Salta no fue el último caso. La falla catastrófica de la caldera de un laboratorio, ocurrida en junio de 2016, dejó palmariamente a la vista las flaquezas del sistema de inspección y control, que se evidenciaron también en otros episodios luctuosos de los cuales quizás el más recordado es la electrocución de un joven músico en pleno recital en un local que se había habilitado a pesar de las deficiencias de su instalación eléctrica.
Y lamentablemente estos no son los únicos ejemplos que en los últimos tiempos hemos visto. Es frecuente la repetición de incendios en edificios de propiedad horizontal y conjuntos de vivienda dónde han fallado completamente las medidas de prevención y de advertencia a los vecinos, y donde incluso, se han producido tragedias debido a modificaciones no reglamentarias de las aberturas, a partir de la colocación de rejas fijas, que han convertido a las unidades afectadas en trampas mortales.
Con un stock edilicio en permanente crecimiento, la ciudad a la vez va sumando edificios que pocas veces reciben actualización en sus instalaciones a lo largo de su vida útil. Con creciente demanda de energía, los departamentos de la ciudad mantienen instalaciones eléctricas de hace 4 o 5 décadas, sin que se hayan renovado los cableados y los elementos de maniobra y protección. Y por supuesto, existen inmuebles mucho más antiguos cuyas instalaciones vetustas tampoco han tenido ninguna renovación.
Es cierto que el actual ordenamiento legal brinda poco espacio para establecer condiciones de seguridad para viviendas existentes, pero lo cierto es que es muy pobre lo que se exige para las unidades nuevas, en el proceso de obtención del final de obra. Tampoco se exige ningún tipo de certificación de las instalaciones para permitir el alquiler de unidades antiguas; un procedimiento que quizás permitiría impulsar la renovación de instalaciones de gas, luz y agua. Para continuar la enumeración, no existe ningún tipo de contralor respecto a la envolvente de los edificios, lo que con la creciente cantidad de edificios cada vez más envejecidos, implica un grave riesgo de caída de revoques y cornisas con la posibilidad de lesiones a transeúntes o a bienes de terceros.
El reglamento de edificación de Rosario, que hace mucho tiempo requiere una revisión integral, continúa siendo un collage a partir de la incorporación de ordenanzas a veces faltas de coherencia si no contradictorias entre sí, o respecto a normas superiores. En particular, la sección referida a prevención de incendios y evacuación merece, para una ciudad de la escala de la nuestra, una fuerte actualización que supere un texto mayormente heredado de una norma nacional que ya pasa las cuatro décadas. Se trata de una sección que abunda en defectos, dejando aspectos importantes librados al arbitrio de los funcionarios de turno, en vez de fijar parámetros sólidos que determinen condiciones rigurosas de seguridad edilicia; una normativa que debiera ser acompañada por sistemas de control y fiscalización serios y profesionalizados, y sin lugar a dudas, por un sistema de respuesta ante emergencias que esté debidamente entrenado y cuente, no solo con el equipamiento adecuado, sino con los elementos de infraestructura -llaves de corte de agua y gas, hidrantes contra incendio- en cantidad suficiente y con la operatividad necesaria.
Es nuestro anhelo, quizás utópico, que las autoridades correspondientes sepan usufructuar el aporte de los profesionales especializados con los que cuenta la ciudad de Rosario, tanto en las Universidades como en los Colegios profesionales, para colaborar en el desarrollo de un marco normativo acorde.
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